El principal objetivo de esta disposición es la aprobación de la Política de Seguridad de la Información (PSI) en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Se busca asegurar la protección de los datos y la seguridad de los servicios tecnológicos que proporciona el organismo, garantizando que el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) cumpla con estándares de seguridad rigurosos. Esta política se establecerá de manera coherente con normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679) y el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), buscando ofrecer un marco normativo sólido para el manejo de información sensible y garantizar la continuidad operativa de los servicios públicos.

Comparado con normativas previas, esta disposición introduce cambios significativos en varios aspectos, como el establecimiento de políticas de seguridad específicas para cada ministerio, lo que antes no contaba con un marco tan estructurado. Además, se alinean las políticas nacionales con estándares internacionales, buscando cumplir con requisitos de seguridad y protección de datos reconocidos a nivel global. Este enfoque integral refleja una evolución en la legislación, asegurando que el departamento se prepare adecuadamente para hacer frente a nuevos riesgos y amenazas cibernéticas.

Entre los puntos clave de la disposición, destacan:

• La obligación de contar con políticas de seguridad específicas en todos los niveles del ministerio.
• La delineación de responsabilidades para distintos roles dentro del departamento, como el responsable de seguridad y los responsables de sistemas.
• La gestión de la seguridad basada en riesgos, que incluye la realización de análisis de riesgos y la implementación de salvaguardas adecuadas.
• La realización de auditorías y revisiones para asegurar el cumplimiento de normas de seguridad.

Los beneficiarios principales de esta política son el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la ciudadanía en general, que se beneficiará de servicios más seguros y eficientes. El impacto económico y social esperado incluye una mejora en la confianza pública respecto a la gestión de datos por parte de las administraciones, así como la reducción de incidentes de seguridad que puedan afectar a la continuidad de los servicios ofrecidos. De esta manera, no solo se protege la información sensible, sino que se fomenta un ambiente digital seguro para todos.

El incumplimiento de las disposiciones establecidas puede resultar en sanciones administrativas y comprometer la seguridad de la información manejada por el departamento. Esta norma debe ser interpretada de manera integral, donde cada integrante del departamento tiene la responsabilidad de aplicar las medidas necesarias para garantizar la seguridad. La norma también establece que los diferentes actores dentro de la estructura organizativa deben coordinar sus esfuerzos para prevenir incidentes y responder eficazmente a ellos cuando ocurran.

Se anticipan desarrollos futuros que incluirán la adaptación continua de la PSI a las nuevas tecnologías y ciberamenazas emergentes. Se prevén revisiones periódicas de la política para mantenerla vigente y eficaz, reflejando así los cambios en el entorno digital y en las normas de seguridad aplicables. La estructura normativa también permitirá la incorporación de nuevas directrices y procedimientos que surjan en consecuencia de la evolución tecnológica y de la práctica de ciberseguridad.